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lunes, febrero 28, 2005

Terminan pagando los trabajadores

El Gobierno anunció su decisión de rescindir el acuerdo de cooperación empresaria entre la estatal Lafsa (Líneas Aéreas Federales S.A.) con Southern Winds, luego del escándalo de narcotráfico. El acuerdo constaba de un pago mensual por parte del Estado de unos 8 millones de pesos, que equivalía al 30% del combustible consumido, y el salario de 800 empleados de Lafsa, ya que uno de los motivos de la creación de la línea aérea estatal era absorber a los trabajadores de Lapa y Dinar, ambas caídas. En principio, este subsidio sería por unos meses hasta que la compañía remontara, pero no lo hizo - a pesar del crecimiento del tráfico aéreo - y se prolongó por 18 meses.

SW cuenta con 500 empleados, y con el retiro del subsidio su futuro es incierto. A pesar de un comunicado de prensa de la empresa que aseguraba que los vuelos seguirían normalmente, se cancelaron los viajes a Resistencia y a Jujuy, los destinos menos rentables. A esto se suma que la Subsecretaría de Transporte Aéreo le denegó a SW el derecho de volar desde Córdoba a la localidad peruana de Tacna, siendo otro eco de narcoescándalo.

La decisión ya fue tomada: Lafsa será privatizada, ya que esa era su finalidad. Uno de los motivos de conformación de la empresa, fue evitar que alrededor de 1600 empleados quedaran sin trabajo (ya que la situación de SW en el momento del acuerdo, indicaba que iba a ser la tercera línea en caer). Además, su creación estaba vinculada con el discurso del rol en ciertas áreas económicas que debía recuperar el Estado, además de plantearle competencia a la privatizada Aerolíneas Argentinas, que satisface más del 80% de la demanda.

Pero ante la vorágine de separar al Gobierno del tráfico de drogas a España, la primera reacción fue privatizar la joven empresa estatal. Lafsa cuenta con atractivas rutas locales e internacionales, otorgadas por 15 años.

Aunque se presente el extinguido acuerdo como “subsidio”, las empresas debían propiciar la distribución de ingresos, aunque no haya llegado ningún dinero a Lafsa: SW voló rutas propias con sus propios derechos, y al hacerlo, se entendió que no correspondían retribuciones a la estatal. Muy conveniente.

Los trabajadores mientras tanto se encuentran en un estado de incertidumbre, ya que todo indica que sin el subsidio a SW se le hará más que difícil seguir volando. Consultados por un canal noticioso de cable, trabajadores de Lafsa defendían la posición de mantener la empresa en la órbita del Estado. Para ellos, tienen todo para volar, excepto por un detalle: no hay aviones. “Tenemos hangar, personal, mostradores, rutas, faltan aviones” aseguraba un joven, y agregaba “Dennos la posibilidad de demostrar que una línea aérea estatal puede funcionar bien”.

Faltan aviones, que no es poco, pero el riesgo de privatizar ya se ha vivido en trágicas ocasiones y el resultado nunca fue bueno. Con la privatización vienen los ajustes, la pérdida en manos internacionales de patrimonio, y etc. Está muy fresco el recuerdo de Aerolíneas… “Los beneficios son para las privadas, pero podrían ser para el Estado” siguieron argumentando los trabajadores, temerosos de perder el trabajo, pero con seguridad contagiosa de que una línea aérea estatal es posible.

Con Southern Winds no se hicieron las cosas bien. Con las metas más importantes quizás cumplidas, evitar el desempleo de muchos trabajadores y situaciones monopólicas, quedaron muchos temas deficientes. Irregularidades como el tráfico de droga, las relaciones que denuncian la extraña relación de parte del Gobieno con la empresa (siendo la que se utilizaba para la campaña presidencial, y las recomendaciones de algunos sectores del Gobierno que hacían a empresarios para que viajen por SW), y la nula distribución de los ingresos lo demuestran. Pero esto no quiere decir que Lafsa haya sido o sea una mala idea, ¿no sería una respuesta mucho más valiosa redoblar la apuesta y no privatizar la empresa, consiguiendo aviones, al menos alquilándolos como lo hace SW, y de esa manera poder legitimar las rutas aéreas internacionales que por esta falta no se puede realizar? De esta manera además de empezar a recibir ingresos (ya que no hay por qué pensar que una empresa estatal va ir siempre a pérdida), se realizaría una efectiva presión en el monopólico mercado.

La idea de conservar estatizada a Lafsa no se menciona. Todo lo contrario, por ejemplo el diario La Nación, presenta una nota en la cual afirma que según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), al Estado cada trabajador de Lafsa le cuesta 10 mil pesos. Números tramposos como pocos, ya que la cuenta es muy simple: si de las arcas del Estado salen 8 millones de pesos por mes a SW y Lafsa tiene 800 empleados… Sí, no se equivocó, la cuenta da 10 mil. Pero es curiosa la forma de presentar la cifra, ya que no se desglosa la cantidad brindada para combustible a SW (no a Lafsa, no a los trabajadores), sumado a que por el acuerdo, todas las ganancias se las llevaba SW. La nota cita el estudio y hace la ecuación de cuántos planes sociales se cubrirían con ese dinero y etc. Las comparaciones son fáciles cuando el demonio estatizador ronda, mostrando cuánto mejor es dejar en valiosas manos privadas lo que el Estado no sabe hacer. Por eso, lo que le cuesta al Estado según ellos, son los trabajadores, no malos acuerdos, malas regulaciones, sino que lo deficitario son los tranbajadores. Diferente sería el análisis, si se realizara mostrando cómo serían los números si la empresa volara por sí sola, y si recibiera dinero por ello.

Ante las irregularidades, parecen exagerados los esfuerzos por despejar al Gobierno de todo contacto con el conflicto, pero podría ser una excelente oportunidad para definir un nuevo rumbo, y no regresar a caminos ya transitados, realizando una importante apuesta al futuro. Dejando de lado jugadas políticas, hay que centrarse en los trabajadores, ante la probable caída de SW y la inminente privatización de Lafsa, muchos perderían su empleo, y el resultado sería lo que graficó uno de ellos: “Por un delito con el que no tenemos nada que ver, terminamos pagando los trabajadores”.

Pablo Moreno
(moreno_pab@yahoo.com.ar)

miércoles, febrero 23, 2005

Poderosas incumbencias

El 1º de marzo, el Gobierno enviará un nuevo proyecto para enmendar la ley 25990 de prescripción de causas, promulgada el 10 de enero del corriente año. La ley aporta claridad y quita poder a los jueces en las prescripciones, pero también si no se la modifica, va a producir el cierre de algunas causas por corrupción. Esta ley es un mecanismo para darle un marco al accionar de los jueces en el manejo de las causas, ya que anteriormente, cada uno interpretaba a su manera qué actos procesales podían detener los plazos de la prescripción de un delito. La ley 25990 estableció las causales que pueden detener los plazos de prescripción: la comisión de otro delito, el primer llamado a indagatoria, el requerimiento acusatorio o elevación a juicio y la sentencia; con el nuevo proyecto se agregaría la rebeldía y la extradición.

La nueva ley sólo se conoció la primera semana de febrero, tras la publicación de la noticia en La Nación. Inmediatamente se desató la polémica y se advirtieron los huecos que tenía.

Llama la atención con quien tuvo que acordar el Gobierno para enviar el nuevo proyecto: Juan Carlos Blumberg. Advirtiendo las fallas de la nueva ley, hasta se planteó la posibilidad de realizar una nueva marcha pública de protesta. Pero Blumberg fue sólo una de las tantas figuras que se hizo eco de esto, pero fue el único con poder (se volverá a esto) para reunirse con el presidente, o bien el Gobierno lo invitó para obtener consenso público.

La pregunta es a quién representa el empresario-padre (como lo define Horacio Verbitsky) como para ser él quien discuta estos temas en la Casa Rosada, invitado por el presidente, acompañado por el jefe de Gabinete Alberto Fernández. Blumberg llevó también a su “asesor legal”, el abogado Roberto Durrieu, quien le presentó a Fernández una carpeta con las causas donde se investigan hechos de corrupción que la nueva ley sin modificaciones podría hacer caer. Y esto no es todo, hay promesas de nuevas reuniones entre el jefe de Gabinete y Durrieu para seguir analizando aspectos del proyecto que irá al Congreso.

También ante el empresario, Kirchner admitió la equivocación de sancionar la ley sin abrir la discusión a los sectores de la Justicia. El presidente admite errores, casi disculpándose, ante esta figura poderosa, que tiene que ser conformada.

Lo que se intenta aquí no es poner en cuestión las reformas que deban hacerse en las leyes, ni que esta sea un error, ni tampoco menospreciar el terrible dolor de un padre que perdió trágicamente a su hijo. Hechas estas salvedades, resulta extraño que un ciudadano logre todo esto: entrevistarse en la Casa Rosada con el presidente de la Nación, con su jefe de Gabinete, llevar asesores, y obtener una disculpa y promesas de futuras reuniones.

Blumberg al enterarse de la sanción de la ley, amenazó con realizar una nueva marcha. ¿Es a esto a lo que le temió el Gobierno? ¿Cuántas personas se habrían congregado para seguir al padre de Axel en esta ocasión? Ante marchas y protestas permanentes de otros sectores, del Gobierno no parecen llover invitaciones a tomar la leche con el presidente. Es cierto que una movilización de la clase media, no es lo mismo que una protesta de piqueteros: pareciera que las de la primera son más exitosas y peligrosas, y no cuentan con un bombardeo en contra desde los medios: no habría movileros preguntando a los taxistas cuánto perjudica a su trabajo la marcha, o qué opina la jubilada de esas personas en traje que la dirigen.

Otra opción, podría ser la búsqueda de consenso luego de ser difundidas las falencias de la nueva ley, en temas tan importantes para la opinión pública como los son la corrupción, y la sanción de penas. De esta manera, el Gobierno invita a Blumberg, presente permanentemente en los medios, que ya había expresado su disconformidad, para darle lo que pedía y así obtener el visto bueno de la sociedad (de una parte de la sociedad). Así, se actúa en el plano de lo simbólico, anotando un punto más a favor del Gobierno, presentando a un actor cuyo discurso tiene un alto valor en el mercado lingüístico actual en la sociedad.

Cada vez que alguien produce un discurso dirigido a receptores capaces de evaluarlo, apreciarlo y darle un precio, existe un mercado lingüístico, donde el precio es la valoración que se le da al discurso. Todo discurso se ajusta a una situación, a un mercado, a un campo. Ahora bien, en el campo de la Justicia, el discurso de Blumberg tiene uno – si no el más – de los valores más altos.

Cada sujeto tiene un capital lingüístico, cuanto mayor sea éste, mayor posibilidad va a tener de acercarse al poder, y pareciera que no hace falta aclarar, con los hechos antes mencionados, lo cercano a éste que se encuentra el empresario.

Cómo adquirió un capital tan alto este actor social, es muy complejo, aunque hay puntos en los que se puede consensuar, como al trágico asesinato que sufrió su hijo, y la posición socioeconómica de la que proviene. Claro está que no cualquiera es invitado por el presidente, y a aprobar decisiones para las cuales quizás no está capacitado, ni cuenta con ningún poder de representación como para que su discurso sea adoptado como el que tienen muchos argentinos que lo eligieron para expresar sus intereses. Cuenta con el favor de los medios, y con determinados sectores de poder, que observan en él representados sus intereses, pero son sólo sectores, y no se deben dejar pasar por alto situaciones como ésta. Parece normal y cotidiano –aunque es una construcción-, ver que la nota de tapa del diario de mayor tirada del país, trata la “negociación” del presidente del país con este personaje, de un tema que atañe a todos los ciudadanos, y al contrario que en otros casos, no sea por los canales habituales. Repetimos que otros reclamos sociales, no tienen la suerte de tener al frente a un actor con un capital simbólico tan fuerte.

Puede ayudar a entender cómo obtiene este poder Blumberg, analizando cómo se construye su cuerpo significante. En el plano de la imagen, ofrece una connotación a “señor bien”, de estricto traje, o más de “entre casa” con correctas camisas, pantalones de vestir y zapatos. Este punto es muy importante, porque la identificación con un grupo socioeconómico, permite a determinados sectores verse reflejados con “lo que les podría pasar”, y a sectores que desean formar parte de ese sector más elevado verse representados mirando hacia arriba, como también la clara diferenciación con otros actores sociales que cuentan con un capital simbólico muy bajo (por ejemplo, los piqueteros). En otro nivel de producción significante, aunque atravesado por los otros, es el que nos lleva al deslizamiento y al contacto, éste es el de la tragedia de la pérdida de su hijo. Todo ser humano se ve conmovido ante tal dolor, y permite una identificación aún mayor a la anterior, y permite limar las diferencias que se puedan tener con respecto a su discurso, y no vincularlos con los determinados intereses de clase. Este acercamiento a través del dolor, convierte en tabú la crítica, y facilita que determinada dirección en los reclamos sea aceptada y tomada como general, a pesar de estar vinculados con un sector que plantea endurecimiento en la ley, pero sin realizar presiones para que las lógicas causas de los delitos, sean solucionadas (léase pobreza, exclusión, marginalidad, hambre, salud). Hasta aquí tenemos a este actor de clase media-alta, preparado, correcto, y sumamente dolido por la tragedia que sufrió, y lo que nos lleva al tercer y último nivel de producción significante, que es el de la convención. Es lo que lleva a que sea muy difícil criticarlo, y que parezca bien que él sea quien represente al pueblo en cuestiones de Justicia, y no alguien elegido por el pueblo mismo, y que represente el pensar de un sector más amplio.

La influencia que ejerce no es poca, y el alcance que tienen sus irrupciones son amplios, como para seguir pasando por alto el poder que ejerce. Por ejemplo, en una nota de Página/12, Raúl Kollmann escribe con respecto a las denominadas leyes Blumberg del año pasado, que “dificultan enormemente las excarcelaciones, libertades condicionales o salidas transitorias. Los presos más pesados perdieron cualquier incentivo para “hacer buena conducta” y se convirtieron cada vez en más ingobernables. Ahora sólo les interesan los negocios dentro del penal, someter a otros presos, el manejo de alguna banda fuera de la prisión y diseñar planes de fuga”, con respecto al motín ocurrido en Córdoba. Esto puede servir como pequeña muestra del alcance que tienen sus intervenciones.

Aún intentando no tomar posición con respecto a estos efectos, el alcance de su influencia afecta muchos ámbitos de la vida de todos lo argentinos, como para que Blumberg siga decidiendo (o negociando leyes) por la mayoría, cuando ésta no le ha dado ningún puesto de representación elegido por vías democráticas, tan necesario cuando se actúa en temas importantes como en los que el empresario-padre se incumbe.

Pablo Moreno
(moreno_pab@yahoo.com.ar)

sábado, febrero 12, 2005

Pedidos de disculpas y culpas

El pasado jueves 10 de febrero concluyó el paro llevado a cabo por los trabajadores del subterráneo y el premetro de la Ciudad de Buenos Aires. Ocurrió luego de que se aprobara en las asambleas realizadas en las diferentes líneas, el acta firmada entre Metrovías y las Unión Tranviarios Automotor (UTA). El acuerdo consiste en un aumento salarial del 19%, vigente hasta fin de año.
El conflicto duró una semana, en principio las medidas de fuerza consistieron en interrupciones parciales del servicio, hasta llegar a decisiones más drásticas, como lo fueron las 24 horas de huelga del día miércoles.
El resultado fue un éxito para los trabajadores, aunque sea evidente la diferencia del 53% de aumento exigido en un principio, contra el porcentaje finalmente obtenido. También salió a flote las pujas internas, entre los delegados de las asambleas con la UTA, y entre los delegados entre sí. Pero las diferencias fueron al menos superadas, logrando acciones conjuntas, y manteniendo en la mira a Metrovías como enemigo a vencer. Se logró el aumento, y se logró que la empresa pasara de un provocante e irrisorio aumento del 1%, al 19% final, sumado a la presión mediática y del gobierno. Pero la unión de los trabajadores fue más fuerte, y se logró en cierta forma un éxito considerable.
Llama la atención el tratamiento del “gran diario argentino” de la noticia. Luego de ser nota de tapa durante el transcurso de gran parte del conflicto, al día siguiente de la resolución del mismo, sólo ocupó una pequeña mención en tapa en el extremo superior derecho. En el cuerpo del diario, al ingresar en la sección “Ciudad”, se llega a la nota en la página 40, luego de pasar por importantes temas de agenda como el casamiento del príncipe Carlos, la expedición del gobernador de San Juan que está cruzando los Andes, Alfonsín como voz de la oposición contra el referendo de Ibarra, las ambiciones “albertistas” (denominación que daría lugar a un interesante debate) en el PJ porteño, el pedido de un hombre para aplicar eutanasia a su mujer, planetas llenos de diamantes, campeonato de truco, perlitas del carnaval de Río y etc. Y se puede repetir que el paro fue nota de tapa un par de días.
La nota empieza con el testimonio de una mujer que tenía un abono, y tuvo que gastar dinero de más en estos días, sin olvidar el número que nos aprendimos de memoria en esta semana: los 740 mil usuarios que se vieron afectados. Sin dar más datos aún se cierra el primer párrafo con la resolución de la empresa de no cobrar boleto hasta el fin de la jornada (el servicio se reanudó a las 19.30), qué bondadosos…
Además, en un pequeño recuadro titulado “Punto de vista”, firmado por Eduardo Palladini, hace referencias al pedido de disculpas que propinó uno de los delegados, y afirma: “Sí, le causaron trastornos a más de 740.000 usuarios durante seis días laborables”. Aunque afirma que no se puede cortar el derecho al reclamo, también dice que las medidas fueron desmesuradas y que salió a la luz una interna gremial que “demostró el papel irrisorio que juega la gente en este tipo de tironeos”. ¿Qué piensa este periodista que es una medida de fuerza? “La gente” juega un papel irrisorio en todo caso para la empresa, que ante el reclamo obrero ataca con una propuesta desafiante, y ofreciendo datos sobre sueldos para poner en contra de la lucha a la opinión pública, forzando a tomar medidas más severas para que los pedidos sean escuchados.
Puede resultar obvio, pero no se lee en dicho artículo, que el reclamo salarial era más que justo, que las condiciones de trabajo son insalubres, y que es una medida a imitar por las personas que se observaron que el salario que percibían los trabajadores era mucho mayor al suyo. No se deben enemistar con los trabajadores en lucha como incitaron varios medios, sino quizás imitar sus pasos y lograr una remuneración justa. El reclamo se extendió, y se endureció a causa de la actitud de la empresa, pero no se observó hacia allí la mira de los bombarderos mediáticos, sino sobre los abultados sueldos de los adinerados trabajadores.
No se trata aquí de defender determinada facción, ideología o de intereses políticos del movimiento que dio lugar al aumento salarial, pero sí de reflejar que las culpas parecen orientarse “a escondidas” sobre erróneos culpables. Y quienes dirigen esta mira son tan culpables como los responsables de la demora de la resolución del acuerdo, que ocasionaron dificultades a muchos otros trabajadores, a los cuales ellos deberían también pedirles disculpas.

Pablo Moreno
(moreno_pab@yahoo.com.ar)

viernes, febrero 04, 2005

Algunos efectos del coqueteo petrolero

El 1º de febrero pasado se inauguró la primera estación de servicio fruto de la sociedad de Enarsa con PDVSA. La primera, es la empresa estatal de energía, cuyo director es Luis Cosiglia, quien asegura que se cuenta con un capital de 50 millones de pesos. Por ley, el 53% de Enarsa debe estar en manos de la Nación, el 12% es para las provincias y el 35% restante es ofrecido a inversores privados. La empresa tendrá la titularidad de los permisos de exploración y explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas que no se encuentren concesionadas. La segunda, es la petrolera del Estado venezolano, cuenta entre otras cosas con establecimientos en Europa y Estados Unidos donde es propietaria de una empresa que controla 14.000 estaciones de servicio y 8 refinerías.
En la última visita al país, el presidente venezolano Hugo Chávez, confirmó las negociaciones de compra que mantiene la petrolera con la angloholandesa Shell, y quiere a Enarsa como socio también en este emprendimiento. Shell controla el 16,5% de la venta de combustible en el país, cuenta con una refinería, tiene 150 estaciones de su propiedad, y 750 vinculadas por contrato. Según Rafael Ramírez, Ministro de Energía de Venezuela desliza que probablemente a mitad del corriente año se pueda efectuar la compra.
Ahora bien, una cosa es la posesión de una estación de servicio en Libertador al 8400, y otra cosa es la posesión del control de venta del 16% del mercado nacional. En el primer caso, por más que prolifere la sociedad y se multipliquen la estaciones de servicio de doble bandera, no es más que comercialización, ya que obviamente el combustible se lo deberán comprar a refinerías que están en manos privadas, bajo banderas por demás conocidas, con lo cual por ejemplo no se podrá ejercer una presión sobre los precios (en caso de que esto sea uno de los fines). No deja de ser agradable la aparición de estaciones estatales y resultado de una asociación entre países latinoamericanos. Pero el efecto de esta unión es aún más importante que el hecho en sí. Y esto sucede porque el verdadero éxito no es la competencia en venta contra Repsol, Esso, Petrobras o Shell, sino que se encuentra en el plano de la significación. La construcción significante de la formación de un bloque latinoamericano – con el simple hecho de la apertura de una estación de servicio – provoca que no en pocas personas el avance de un milimétrico paso hacia una Sudamérica fuerte, unida, capaz de resistir con mayor fuerza las imposiciones provenientes desde el exterior, considerando de este modo exterior no Paraguay, Perú o Venezuela, sino Estados Unidos, Unión Europea o China por ejemplo. Las condiciones de producción de sentido a las que remiten esta asociación, que puede ser tomada a modo de análisis en conjunto simplemente como el acuerdo bilateral de esta sola estación, nos conducen a próceres, a intelectuales, a movimientos obreros, estudiantiles, padres y abuelos que soñaron con una Patria Grande fuerte y autodeterminada. Claro está, que aunque pueda predominar este sentimiento, también existen en producción otros signos en la semiosis ilimitada, como las reservas que se pueden tener con las formas de gobierno de los presidentes de ambos países, de procedimientos quizás demasiados permisivos hacia acreedores internacionales, la existencia de brechas infinitas de desigualdades e inacciones al respecto y quizás se pueda agregar un largo etcétera. Pero lo curioso de este hecho es, cómo sólo un indicio puede arrancar una sonrisa y encender la esperanza. Es un milimétrico paso, que está atravesado por muchos (muchos) condicionamientos, reservas y complejos órdenes, pero el efecto inmediato, casi inconsciente en muchos, fue el de esperanza.

Pablo Moreno
(moreno_pab@yahoo.com.ar)